El Alto Tribunal en una reciente sentencia desestima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Enjuiciado número 26 de Barcelona para el caso de bajas por enfermedad, otorgando así plena validez al artículo 52 d) del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores, incluso en tales supuestos.

Este artículo regula, para combatir el absentismo, la posibilidad de efectuar la extinción indemnizada del contrato de trabajo, a razón de 20 días de salario por año de servicios, para los supuestos de faltas intermitentes al trabajo, aún siendo justificadas, cuando estas faltas alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los 12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.

En estas faltas no computan, a tal efecto, las bajas por accidente de trabajo, nacimiento o adopción, lactancia, riesgo por embarazo, licencias, vacaciones, huelgas, así como tampoco computan las bajas de enfermedad de duración de más de 20 días consecutivos o ausencias que obedezcan a tratamiento de cáncer o dolencia grave.

El Juzgado 26 de Barcelona postulaba que en el caso de bajas por enfermedad son ausencias que el trabajador no puede ni debe evitar, y que tal medida puede comprometer su salud, si para evitar la aplicación del precepto acorta voluntariamente su duración.

El Tribunal Constitucional ha estimado en cambio que la Ley guarda un equilibrio entre el legítimo interés de la empresa de paliar la onerosidad de las ausencias al puesto de trabajo que se conecta con la defensa de la productividad (arte.38 CE) y la protección de la salud y seguridad de los trabajadores (arte. 40.2 y 43 CE), y por eso ha establecido las exclusiones comentadas.

La Sentencia tiene, sin embargo, cuatro votos particulares por desacuerdo con la misma dentro del Tribunal y que se publican también, por lo cual, se deduce, no ha sido una cuestión pacífica de resolver.

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