El pasado13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley de Protección al Denunciante, que obliga a las empresas con más de 50 empleados a disponer de un canal de denuncias interno para el equipo.
Esta herramienta garantizará la protección de todas las personas que informen sobre cualquier infracción en el entorno laboral.
¿En qué consiste la ley de protección a denunciantes?
La ley 2/2023 o Ley de protección a denunciantes, es una norma que obliga a establecer sistemas internos de información en Administraciones públicas, empresas, organizaciones políticas y sindicatos para que las personas puedan denunciar prácticas que consideren delictivas de manera segura y garantizando la confidencialidad de su identidad.
Con esta ley se pretende que las entidades públicas y privadas colaboren en las investigaciones relacionadas con infracciones administrativas graves y proteger a quienes alertan o informan de esas actuaciones.
Esta ley proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión Europea, los conocidos como “whistleblower”.
¿Qué es un canal de denuncias?
El canal de denuncias se trata de una herramienta para garantizar la protección de todas las personas de la empresa que informen sobre cualquier infracción en el entorno laboral. Nos permite comunicar de manera confidencial las actividades y conductas potencialmente irregulares que puedan suponer un incumplimiento del Código de Conducta.
Habilitar el canal de denuncias cuanto antes favorecerá la creación de un entorno seguro para todas las personas de la organización, además de reforzar el compromiso de la empresa con la transparencia.
¿Qué características debe cumplir?
El canal de denuncias deberá reunir las siguientes características:
- El sistema debe garantizar confidencialidad en cuanto a la identidad de la persona que informa y de las personas que se mencionan en la comunicación. Sólo tendrán acceso a esta información las personas autorizadas.
- El canal debe permitir que se pueda transmitir la información sobre las infracciones cometidas de forma fácil y rápida.
- Se debe posibilitar que la información se presente bien por escrito o de forma verbal.
- La empresa tiene que asignar un gestor de denuncias responsable del seguimiento (persona/ equipo).
- Es necesario se cree un procedimiento de gestión de la información que se reciba.
- Las denuncias deben almacenarse durante un tiempo determinado. La ley recoger que los informantes estarán protegidos durante un periodo de 2 años.
- Se debe entregar comprobante al denunciante y fijar las garantías para protegerle dentro de la propia entidad.
- En la empresa se deben integrar los distintos canales de información que se creen.
- El sistema de información debe ser independiente y estar diferenciado respecto a otros sistemas internos de información.
- Se deberá establecer una política relativa a los principios del sistema interno de información y de la defensa del informante.
¿Qué entidades están obligadas a implantarlo?
- Todas las entidades que integran el sector público.
- En el caso del sector privado, las empresas privadas de más de 49 trabajadores.
¿Cuándo se debe tener implementado?
Fecha límite para empresas:
- El 13/06/2023 empresas de más de 249 empleados.
- El 01/12/2023 en empresas de entre 50 a 249 empleados.
¿Se aplicarán sanciones en caso de incumplimiento?
En cuanto a las sanciones, se señalan multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, si la infracción va de leve a muy grave y entre 100.000 y el millón de euros si las que cometen una infracción son personas jurídicas.
